Las resoluciones de la VII convención empresarial, fueron presentadas los días 14 y 15 de noviembre de 2011, como las anteriores, fue precedida de un proceso de encuentros regionales del sector empresarial, donde fueron detalladas las preocupaciones y los principales aportes del Conep en importantes temas sociales y políticos en el período de que nos ocupamos en este apartado.
Esta séptima Convención tuvo como slogan: “Rompamos la Inercia”, explicando la necesidad de adoptar decisiones y reformas que sean necesarias, sin importar cuán difíciles pudieran ser. Los temas abordados por el Conep frente a los problemas sociales y políticos quedan de manifiestos en los siguientes párrafos citados del discurso del presidente del Consejo en las palabras de clausura de la convención.
DISCURSO CLAUSURA MANUEL DIEZ
Veamos. Habiendo demostrado que somos capaces de generar riquezas se presenta la paradoja de que graves problemas nacionales se mantienen sin solucionarse, algunos incluso agravados. esto le hace declarar que “mientras exhibimos un incremento promedio anual del PIB de 5.7% durante la primera década de este siglo, en el orden social hemos retrocedido en salud, calidad de la educación, seguridad ciudadana, competitividad y la generación de empleos formales, entre otros indicadores”.
A seguidas se pregunta “¿Qué ha impedido que el crecimiento económico que hemos experimentado se convirtiese en bienestar social para más dominicanos?”.
En un intento de buscar una respuesta propositiva afirma en otra parte del discurso: “República Dominicana solo podrá cambiar con una conducción política firme que guíe hacia los senderos del desarrollo con la participación del sector privado y de todos los sectores sociales, incluyendo los partidos políticos de oposición.
Tendremos que romper muchos tabúes y esquemas que nos han dominados por años”. Fijando posición en su condición de presidente del organismo cúpula del sector empresarial, el Lic. Manuel Diez Cabral hace los siguientes señalamientos al tiempo de resaltar algunos de los temas abordados en la VII convención empresarial que clausura. Sobre la institucionalidad afirma lo siguiente: “Un tema transversal discutido ampliamente en los últimos días en las reuniones de este evento es el reclamo generalizado de que necesitamos fortalecer nuestras instituciones y demandar el cumplimiento de la ley.
La institucionalidad es un requisito indispensable para la competitividad”… “muchas veces actores políticos o funcionarios del Gobierno se sorprenden cuando el empresariado fija posiciones sobre temas institucionales. Parecerían entender que la institucionalidad es un tema que solo corresponde a los políticos o a los abogados. Y no es así.
La institucionalidad compete a la sociedad en su conjunto y es un tema de primer orden para el sector empresarial…”.
Termina afirmando sobre este tema que muchos de los problemas radican precisamente en la en la falta de cumplimiento de la Constitución y las leyes. Hemos sido proactivos a la hora de aprobar modificaciones constitucionales y las nuevas leyes, pero no así para cumplirlas. Aborda también el tema de la transparencia con relación al presupuesto.
“República Dominicana”, es uno del país de la región con menor nivel de transparencia presupuestaria. Y defiende que la sociedad tiene el derecho a participar y opinar activamente en la orientación del gasto y la inversión pública y el empresariado como sector de gran influencia está llamado a promover esto.
Otros temas sobre expresó preocupación fueron la justicia, a la que declara como piedra angular del desarrollo, la pobreza, reconociendo que tenemos una enorme deuda en materia de combate a la misma y que vivimos en un país con profundas desigualdades sociales, sectoriales y regionales.
Sobre la educación hace un aparte especial en su discurso afirmando que la educación es una condición fundamental para que haya una mayor prosperidad y una mejor distribución del ingreso en la República Dominicana”, pero precisa que “nunca podremos alcanzar mayores niveles de calidad en la educación sino invertimos en ella.
Hace años que el país debió de haber estado invirtiendo eficientemente más del 4% en la educación, como una evidencia de los aportes del Conep en material social y política resumimos a continuación algunas de las declaraciones más significativas por áreas de la VII Convención Empresarial. Área Institucional: “Entendemos que si bien se necesita la aprobación de importantes leyes, lo prioritario en el corto plazo es promover y asegurar el cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes vigentes y nos comprometemos como sector a articular mecanismo institucionales y observatorios que vigilen los noveles de cumplimiento del ordenamiento jurídico, principalmente de aquellas leyes que promueve la transparencia”.
“Consideramos de vital importancia que el Congreso Nacional supere su tradicional rol de mero aprobador de leyes y resoluciones y dé prioridad al ejercicio de su rol de fiscalizador, creando los órganos técnicos necesarios principalmente para garantizar los niveles de transparencia presupuestaria, por considerar una democracia sin contrapesos es tierra fértil para la arbitrariedad y la discrecionalidad”.
“Entendemos prioritario seguir garantizando la independencia y el fortalecimiento de las instituciones del Sistema de Justicia Dominicano y respaldamos que los reclamos del Poder Judicial en procura del otorgamiento de mayores partidas presupuestarias en consonancia con lo dispuesto por las leyes”. Reclamamos una profilaxis de las fuerzas armadas y la Policía Nacional, así como tomar medidas para mejorar los ingresos de sus miembros y sus condiciones de vida.
De igual forma, entendemos impostergable la puerta en marcha de un verdadero plan de seguridad y lucha en contra del crimen organizado local y trasnacional.
En el área social: “Exigimos el cumplimiento irrestricto de la ley 87-01 por parte de las entidades y actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social. “ Proponemos iniciar una estrategía financiera tendente a la diversificación de los fondos de pensiones, con el objetivo de que los mismos obtengan una mayor rentabilidad, sin que se afecten los niveles de riesgo.
“Exigimos otorgar los recursos necesarios para la educación y el cumplimiento de lo que establecen las leyes 66-97, 139-01, 116-80. “ Apoyaremos la restructuración de la carrera magisterial para lograr una verdadera profesionalización docente que incluya el reclutamiento de los mejores talento, una adecuada formación, supervisión, evaluación de desempeño”.
DOCUMENTO GUÍA EJE INSTITUCÍONAL INTRODUCCIÓN
La competitividad es una variable dependiente de la institucionalidad. Los países que han logrado avanzados estadios de desarrollo y considerables estándares de competitividad han tenido como base un fuerte sistema institucional, no puede existir competitividad sin institucionalidad.
Bajo esta premisa, en el marco de la Gran convención empresarial, al igual que en sus dos versiones anteriores, el Eje Institucionalidad/Política constituye un factor de principal interés.
En este documento presentamos una breve exposición de los motivos que justifican la inclusión de los temas planteados en el temario y abordados de manera más general en la presentación de Marisol Vicens Bello, coordinadora General, así como una serie de reflexiones iniciales sobre los mismos, que han sido elaboradas con el objetivo de estimular una discusión profunda y rigurosa sobre temas que tienen un impacto considerable y gran relevancia respecto del clima de inversión y en los niveles de seguridad jurídica de nuestro país.
Para estos fines, cuando elaboramos el presente documento utilizamos la misma secuencia y organización del temario, con el objetivo de que sirva como guía durante los trabajos de los distintos grupos y así evitar que alguno de los temas planteados quede sin ser suficientemente ponderado, debatido y analizado.
Las posiciones aquí planteadas no tienen un valor absoluto, pero marcan nuestra visión inicial y los motivos que nos llevaron a incluir el conjunto de temas que hemos presentado. Sin embargo, los espacios de discusión tienen como propósito escuchar las distintas posiciones y enriquecer, a través del consenso y la participación multisectorial y multidisciplinaria, cualquier posición previa que hayamos presentado.
La institucionalidad no es un tema exclusivo de abogados y políticos, ella, como ya hemos visto en la exposición inicial de la coordinadora General, tiene un impacto considerable en las actividades económicas y sus distorsiones generan elevados costos para las actividades de las empresas. en esta convención 2011 buscamos variar nuestra posición tradicional de exigir y presionar por reformas legislativas, puesto que la experiencia nos ha enseñado que muchas de las reformas aprobadas en el papel no han estado acompañadas de acciones institucionales eficaces que las conviertan en algo más que una bonita declaración con sello oficial.
Es por esto, que en esta nueva etapa nuestros esfuerzos deben estar orientados a presionar por el establecimiento de planes y agendas para que las reformas aprobadas se hagan realidad. Presionar por presupuestos adecuados para las áreas técnicas y para los órganos de administración de justicia, presionar para que se haga una orientación estratégica de los fondos públicos y se reduzcan los gastos clientelares. Todo esto sin descuidar las reformas legislativas pendientes.
TEMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTADO DE DERECHO
Todas estas interrogantes marcan los niveles de inseguridad jurídica de nuestro país. puesto que en un país en donde las leyes se cumplen y respetan cuando conviene no puede existir libre mercado. Por esto abordaremos los siguientes temas:
A pesar de esta agilidad para la aprobación de leyes, el desempeño histórico del Congreso Nacional respecto de su rol de fiscalización y control político ha sido cuestionable en extremo, por ejemplo, la discusión de presupuesto nacional era un formalismo que de manera avergonzante se realizaba en una sesión navideña y a veces en un día en ambas cámaras.
De igual forma, el Congreso ha sido ineficiente para exigir a los funcionarios públicos rendición de cuentas y cumplimiento de las leyes a través de los procesos de control político que la constitución pone a su disposición, esta inoperancia del congreso ha generado un evidente desequilibrio de poderes que ha contribuido de manera determinante a consolidar la preponderancia de un poder ejecutivo que actúa sin límites, más por falta de contrapeso real que esté configurado como un ente faraónico en nuestra constitución.
Una muestra clara de ello es el hecho de que a pesar de haberse limitado considerablemente sus facultades en la constitución de 2010, sigue en la práctica funcionando de la misma manera que lo hacía al amparo de la constitución anterior.
Un Congreso que ejerce adecuadamente su función de fiscalización es el principal aliado institucional de la transparencia. Una adecuada discusión y fiscalización del Presupuesto General del Estado constituye la principal política de transparencia y es un requisito esencial para una verdadera democracia. es por esto que el empresariado, estimular y promover un giro en la dirección señalada del ejercicio congresual para que República Dominicana cuente con un adecuado sistema de fiscalización y control que promueva adecuados niveles de transparencia presupuestaria.
Sólo con una discusión seria del presupuesto podrán promoverse adecuados niveles de calidad del gasto y una inversión pública conectada con los intereses y visiones de los distintos sectores nacionales, para lograr esto es necesario una mayor inversión en la creación de órganos técnicos que les apoyen en el ejercicio de sus funciones y la definición de los procedimientos para activar y ejercer los mecanismos de transparencia. Por tales motivos abordaremos los siguientes temas:
Presupuesto Nacional: transparencia y fiscalización de los fondos públicos, necesidad de integrar en el presupuesto todas las partidas que se encuentran fuera del mismo por cobros de tasas o derechos que se manejan discrecionalmente por las entidades que los perciben.
Cámara de cuentas, contraloría General de la República, sistema de contabilidad unificado, rendición de cuentas.
Comparecencia periódica y sesiones públicas de preguntas a los funcionarios de la Administración pública.
FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL: CENTRO DE ANÁLISIS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL CONGRESO
Reforma del Estado La Administración pública adolece de importantes distorsiones estructurales, entre los principales factores que se evidencian con una simple verificación del organigrama del Estado es la total duplicación de las dependencias ministeriales, las que se encuentran replicadas en una especie de Comisiones y Oficinas que dependen de manera directa de la Presidencia de la República, las cuales poseen su propio presupuesto y ejecutan sus funciones de manera independiente.
Cada oficina presidencial duplica un Ministerio, impide la coordinación sectorial y debilita la coherencia de las acciones gubernamentales, afectando de manera clara la eficacia de las políticas y programas públicos y el uso eficiente de los recursos del estado.
De igual forma, la cantidad de Ministerios y dependencias estatales ha crecido exponencialmente en los últimos años, el momento se hace preciso para hacer un análisis sobre aquellas entidades estatales que resultaría útil consolidar (cuya existencia se debe a factores fundamentalmente populistas) e instituciones dispersas que deben ser concentrada en un solo órgano (tal es definitivamente el caso de los órganos que regulan el transporte de pasajero y de carga).
Asimismo, durante los últimos años ha habido una reproducción injustificada de cargos de importancia en la administración pública, como consecuencia directa de la utilización clientelar de la nómina pública. Llama la atención la desbordante cantidad de Vice Ministros, Secretarios de estado Sin cartera, Sub Secretarios, Sub Administradores, Sub Directores, Ministros consejos y Vicecónsules que “prestan servicios” en los órganos centralizados y descentralizados Administración pública dominicana, así como en el servicio exterior.
Independientemente de lo señalado, y de que la Ley electoral 275-97, vigente desde 1997, consagra importantes disposiciones que otorgan a la Junta central electoral potestades para la regulación de las campañas electorales y para la fiscalización de los ingresos y los gastos de los partidos políticos, esta es una tarea aún pendiente, el desorden actual genera campañas extremadamente largas y costosas.
Esto crea una necesidad extraordinaria de financiamiento que satura al Estado y a los sectores productivos, entorpece el funcionamiento de la administración pública, saca de la agenda pública los temas prioritarios y estimula la toma de decisiones populistas.
De igual manera, la ausencia de transparencia en las cuentas de los partidos políticos es caldo de cultivo para que sectores al margen de la ley aprovechen las campañas electorales para alojarse en los órganos del estado o para generar compromisos y conseguir protección de parte de representantes oficiales. Se hace impostergable la aprobación de una Ley de partidos políticos que contribuya a elevar los niveles de democracia y transparencia en la toma de decisiones, principalmente en lo relativo a la selección de candidatos, así como a transparentar sus ingresos y gastos de campaña.
En consecuencia, abordaremos los siguientes temas:
DERECHO DE PROPIEDAD: GARANTÍA Y PROTECCIÓN EFECTIVA
La constitución dominicana consagra el derecho de propiedad como uno de los pilares de nuestro sistema de derechos y régimen económico. Sin embargo, existen importantes retos institucionales y normativos que pueden poner el riesgo este derecho y afectar los niveles de seguridad sobre el mismo.
En este contexto resulta fundamental una adecuada definición de la amplitud de la franja marítima y una adecuada definición del concepto de dominio público y su impacto en las propiedades, fundamentalmente aquellas con vocación turística.
De igual manera constituye un reto institucional para el estado dominicano continuar fortaleciendo la jurisdicción inmobiliaria, la cual ha sido objeto de un fructífero proceso de modernización gracias al apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Es bueno recordar que, en días recientes, ha sido anunciada la conclusión del programa de consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (PCJI) y del financiamiento que lo sustentaba.
Existen importantes limitaciones presupuestarias de la jurisdicción, la cual a través de las tasas por servicios es incapaz de autogenerar los fondos para su propia operación y para solventar inversiones en tecnología y recursos humanos calificados.
Esto sumado a la congelación del presupuesto del Poder Judicial genera un escenario oscuro que apunta hacia un estancamiento de la reforma. Por otro lado, la entrada en vigencia del código procesal penal transformó los mecanismos preventivos de protección del derecho de propiedad ante las invasiones.
A partir de su entrada en vigencia el Ministerio público ordinario no interviene en estos casos por haber pasado a ser un delito de Acción privada, los cuales son potestad del Abogado del estado una vez interviene una sentencia definitiva.
Este tema ha generado importantes perjuicios a propietarios quienes se sienten desprotegidos ante acciones sistemáticas de invasión de terrenos llevados a cabo por grupos dedicados a esta actividad, en consecuencia, abordaremos los siguientes temas:
REFORMAS LEGALES PENDIENTES
Si bien el estado dominicano ha sido dinámico en las reformas sectoriales, ha sido extremadamente lento en la aprobación de los principales códigos normativos, el código civil, procesal civil, de comercio y penal tiene más de 10 años de discusión en las cámaras. De igual manera, no ha existido la voluntad necesaria para actualizar la legislación aduanera y la regulación de los alquileres.
De igual manera, existe una serie de importantes leyes pendientes de elaboración y aprobación por parte del congreso, de cuya aprobación depende la efectiva vigencia de la nueva constitución de la República en consecuencia abordaremos los siguientes temas:
SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS
La evolución del modelo democrático se caracteriza por una mayor participación de los sectores sociales en la toma de decisiones públicas, cada día, a lo largo de todo el mundo y también en el plano local, son más las acciones ciudadanas de carácter formal, institucional o expresadas a través de movilizaciones en las calles que procuran una mayor integración de la sociedad a las decisiones de gran trascendencia.
En este contexto, es impostergable que se redefinan los mecanismos de comunicación y articulación de intereses entre el estado y la sociedad.
De igual forma, se hace necesario que los sectores sociales relevantes actúen de manera estratégica, coherente y transparente en la representación de sus intereses, como es conocido por todos, el empresariado tiene una importante presencia en los órganos tripartitos de toma de decisiones y en consejos estatales de gran relevancia como el consejo económico y Social, el comité nacional de Salarios, el consejo nacional de la Seguridad Social, IDSS, INFOTEP, entre otros constituye un gran reto para el sector impulsar actuaciones estratégicas, coherentes y sin sesgos individualistas en estos espacios, para así evitar que nuestra falta de cohesión se convierta en una oportunidad para debilitar nuestras posiciones.
De igual manera, nuestra participación tiene que ir más allá de los órganos en los que tenemos representación formal, es fundamental impulsar la institucionalización de espacios de consulta y vasos comunicantes en el congreso nacional que permitan a los sectores sociales incidir de forma transparente en la toma de decisiones legislativas.
La gestión de intereses ante las cámaras legislativas debe dejar de ser un espacio oscuro utilizado muchas veces para fines malsanos. De igual forma, la agenda legislativa debe democratizarse, es necesario que existan mecanismos formales para el trazado de agendas comunes Sociedad civil-congreso, fundamentalmente en lo relativo a la puesta en marcha de procedimientos de fiscalización y control para asegurar la transparencia, en consecuencia, trataremos los siguientes temas:
TEMA 2: SISTEMA DE JUSTICIA DOMINICANO
Afrontamos una renovación relevante de la Suprema Corte de Justicia, que amenaza con ser total, y la integración del máximo órgano de interpretación constitucional creado por la constitución de 2010: el Tribunal constitucional, el cumplimiento de las leyes no sólo depende de que existan las normas o esté bien elaboradas, sino de que las instituciones llamadas a hacerlas cumplir cuenten con la fortaleza e independencia para hacerlas efectivas sin otorgar privilegios o ventajas, bien se trate del estado o cualquier otro, nos corresponde como sector relevante de la vida nacional prestar atención al desempeño del consejo nacional de la Magistratura, órgano encargado de este proceso, y velar porque el mismo lleve a cabo una selección transparente y en atención a los méritos y las capacidades profesionales de los aspirantes, procurando evitar que el factor determinante sea la simpatía partidaria.
El CNM no puede producir una decisión final tomando como base una lista amplísima de candidatos, muchos de los cuales no cuentan con las condiciones mínimas para ser considerados, es preciso entonces que se produzca una preselección de un grupo reducido que permita a la sociedad hacer una evaluación más profunda y ponderada de quienes tienen posibilidades de ser elegidos en atención a esto abordaremos el tema:
Por su lado, el presupuesto del Ministerio público, si bien acumuló un aumento progresivo desde 2006 hasta 2009 cuando alcanzó un tope de 3,090 millones de pesos, desde esa fecha se redujo progresivamente hasta 2011 cuando se le asignó 2,583 millones de pesos, en el presupuesto de este año recibió un aumento de 17 millones de pesos para alcanzar 2,600 millones, es por esto que presentamos este tema. 3. Carrera judicial y consejo del poder judicial el establecimiento de la carrera Judicial en 1997 creó las bases para una administración de justicia con independencia externa.
Sin embargo, la ausencia de reglamentaciones claras respecto de los asensos y traslados otorgó grandes poderes discrecionales a la Suprema corte de Justicia, convirtiendo el poder Judicial en una estructura vertical y creó las condiciones para una independencia interna maltrecha.
De igual forma, la carrera Administrativa Judicial no entró en vigencia por más de una década, en 2009 el poder Judicial aprobó el escalafón de la carrera Judicial, estableciendo por primera vez elementos objetivos para determinar los ascensos, así como el Reglamento de la carrera Judicial Administrativa, como corolario, la Reforma constitucional de 2010 selló los requisitos de ascenso y extendió la carrera judicial hasta la Suprema corte de Justicia, la cual a partir de ese momento debería estar conformada en ¾ partes por jueces de carrera.
De igual forma, la constitución de 2010 instituyó un consejo del poder Judicial como órgano de administración y disciplina de este poder del estado, dejando de esta manera a la Suprema corte de Justicia con sus funciones judiciales y con la designación de los jueces que le serán propuestos por este nuevo órgano, el CPJ es presidido por el presidente de la Suprema corte e integrado por 4 jueces de los distintos niveles elegidos por sus pares, este esquema democrático podría tener como implicación negativa llevar el populismo a la toma de decisiones como ascensos, juicios disciplinarios, inversiones en infraestructura o aumentos salariales, es por esto que es necesario que pongamos especial atención a sus decisiones.
Sin embargo, se requiere de un seguimiento de la implementación de esta normativa para asegurar su efectivo cumplimiento por lo que serán abordados los siguientes temas:
Como vía alternativa se ha popularizado la acción de amparo, pero es improcedente cuando se trata de actos administrativos que no afectan derechos fundamentales, pero que si contradicen de manera abierta las leyes vigentes. Esta ineficacia del proceso contencioso-administrativo ordinario debe llevarnos a propugnar por un nuevo procedimiento más ágil y que permita una tutela oportuna de derechos que una vez violados sería difícil restaura, en consecuencia trataremos el tema:
Contrario al espíritu de la ley, entrar a la carrera mediante concurso público se ha convertido en la excepción y no en la regla. A la fecha apenas 130 fiscales han ingresado por concurso público.
Está situación es particularmente grave, puesto que ahora el Ministerio público tiene un órgano de Gobierno que designa y promueve a los fiscales del país y éste está integrado por disposición de la ley, sólo por fiscales de carrera. Es decir los fiscales designados por la actual administración tienen el control administrativo y disciplinario del Ministerio público.
Esto ha pasado sin que el país reaccione, el desempeño del Ministerio público es cuestionable, existen estudios que indican que en más del 50% de los casos presentados a los tribunales las acusaciones son retiradas. De igual forma, de los casos fallados más del 60% es rechazado por insuficiencia de pruebas. Es decir que estamos ante un desempeño extremadamente deficiente y fiscales que son saben investigar, es necesario que se establezca un riguroso sistema de evaluación de desempeño de los fiscales dominicanos. Dada esta situación trataremos los siguientes temas:
Dentro de este aspecto en nuestro sistema cobran especial relevancia dos factores: a) el otorgamiento de la fuerza pública; y b) los alguaciles judiciales, sus características y forma de organización, otorgamiento de la fuerza pública otorgar la fuerza pública no puede ser una potestad del Ministerio público. El poder Judicial, conforme lo dispuesto por la constitución de la República tiene la potestad de hacer ejecutar sus propias sentencias, para esto el poder Judicial debe disponer del mecanismo de fuerza autónomo para llevarlas a efecto.
Como es de conocimiento general, tradicionalmente el Ministerio público ha otorgado la fuerza pública con criterios políticos y de conveniencia coyuntura, está situación es una de las principales causas de debilitamiento de la seguridad jurídica, puesto que las decisiones emanadas de los tribunales se ven suspendidas (muchas veces anuladas), por una omisión administrativa (un funcionario que de manera maliciosa no hace algo que la ley lo obliga.
Existen sentencias de la Suprema corte de Justicia que han permanecido más de tres décadas sin ejecución por las razones públicamente inexplicables, cuerpo de alguaciles judiciales esto constituye un punto crítico del sistema de justicia dominicano y prácticamente no ha sido sometido al debate público.
¿En dónde radica el problema de los alguaciles en RD? en la actualidad estos “auxiliares de la justicia” operan como agentes privados al servicio de las oficinas de abogados, sin procedimientos, sin reglas de actuación, sin disciplina, sin obligación de rendición de cuentas y sin una jerarquía clara. Estos niveles de autonomía y dispersión generan oportunidades, como cualquiera ha podido darse cuenta, para que muchos alguaciles se presten a acciones cuestionables, tales como embargos irregulares.
De hecho, muchos alguaciles operan como empleados de oficinas, puesto que los principales ingresos que reciben se generan a partir de su relación económica con éstas, el poder Judicial de la República Dominicana debe tener un verdadero cuerpo funcionarial de alguaciles judiciales. Este cuerpo debe contar con adecuados niveles de institucionalidad, independencia externa, disciplina, organización y transparencia y los ingresos de sus miembros deben provenir exclusivamente de las arcas públicas. Debe estar bajo la dirección y autoridad del presidente de la Suprema corte de Justicia y organizado bajo un sistema jerárquico que permita determinar las responsabilidades. Los alguaciles deben ser asignados por los jueces de manera aleatoria y no que cada oficina elija su alguacil “de confianza”, en tal virtud abordaremos los siguientes temas:
TEMA 3: POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y MIGRACIÓN
Cada día, con sólo ver los titulares de los periódicos, es más que evidente que los integrantes de nuestras fuerzas de seguridad, más que agentes que combaten la delincuencia, son autores de primera línea de los actos de violencia y en bandas nacionales e internacionales dedicadas al crimen. ¿Qué le cuesta a las empresas la inexistencia de una seguridad pública eficaz? ¿En qué medida se disparan nuestros costos al tener que contratar seguridad privada? ¿Cómo afecta nuestra forma de vida y de hacer negocios esta sensación creciente de inseguridad? La sensación de inseguridad es una muestra más de la gran falta de confianza que existe en el Estado dominicano.
Para demostrar esta afirmación sólo habría que evaluar cuáles son las principales vías a través de las cuales incursionan las personas indocumentadas a otros países, regularmente a través de los mismos canales y redes que se lucran con el ingreso de bienes y mercancías fruto de contrabando o cuyo consumo está penado por la ley. Un ejemplo claro de lo afirmado en el párrafo anterior es nuestra frontera.
La frontera dominico-haitiana es un lugar de tráfico de indocumentados, trasiego de drogas, contrabando, extorsiones y violaciones múltiples a los derechos.
En 2008 el Conep fijó su posición con relación a la política migratoria y el tema haitiano. Dentro de las acciones prioritarias propuestas por el Conep estaba la aprobación del Reglamento de la Ley General de Migración, el cual fue recientemente aprobado, el mes pasado el poder ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley General de Migración, esto ha puesto sobre la mesa una serie de nuevos retos y temas pendientes en los que nuestro sector no puede asumir un rol pasivo ni mucho menos reactivo.
A saber: • Reactivación de la comisión Binacional. • plan de regularización. La Dirección de Migración abrió una consulta que cierra el próximo 30 de noviembre. • Aprobación de una política de empleo para migrantes, evitar que la migración deprima el salario medio nacional. Definición de reglas claras de comercio entre ambas naciones a través de una acuerdo bilateral.