El 6 de febrero de 1990 se informaba de los preparativos de la cuarta edición, ya que se había celebrado un encuentro Regional en Santiago y se trabajos correspondientes a las regiones Este y Sur del país.
En la IV Convención Nacional de Hombres de Empresa el sector se encontraba en una situación muy difícil, debido a conflictos con el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, fruto de su política económica; enfrentamientos cordiales, algunas discrepancias con los sindicalistas que demandaban aumentos salariales; y la imagen negativa frente algunos sectores sociales que los acusaban de defender únicamente sus intereses.
En el Encuentro del Norte, realizado en el Anfiteatro de la PUCMM, se tocaron muchos y diversos temas, entre ellos: la creación del Banco Cibao, de la situación electoral, de la tasa de cambio, del Seguro Social, del ITBI, de la Ley 299, de los problemas financieros, de los ingresos del CNHE y culminó con un discurso del Presidente del CNHE Dr. Luís Augusto Ginebra Hernández, quien finalizaba sus palabras haciendo un elocuente llamado a la unidad y a la solidaridad empresarial.
El 15 de febrero de ese año, el Consejo nacional de Hombres de empresa publicó un Comunicado donde alertaba del grave problema inflacionario que existía en el país, el Comunicado decía así:
“A TODO EL PAÍS”, Ante la proximidad de la Gran Convención Nacional de Hombres de Empresa, que habrá de celebrarse en esta capital el 28 de marzo venidero, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa desea dejar constancia de sus esfuerzos dirigidos a buscarle una solución inmediata a los grandes problemas nacionales en sus encuentros con el sector público.
Estos esfuerzos, que se detallan a continuación, son una muestra inequívoca de la permanente preocupación del sector privado organizado del país por mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.
La Junta Directiva del CNHE, reunida en la sesión ordinaria, consternada ante el agravamiento de la situación económica, inquieta por las dificultades crecientes que encuentran sus miembros para realizar sus operaciones productivas normales, y preocupada por la demora de las autoridades en aplicar correctivos urgentes, ha decidido exponer su posición al país, con la esperanza de que pueda servir como elemento de reflexión para que las autoridades busquen soluciones inmediatas a los problemas que nos aquejan a todos.
El CNHE, siempre ha tenido la moderación como norma; el espíritu constructivo y conciliador como bandera, la superación de los conflictos a través del dialogo y la concertación como estilo y la profundización de los deberes sociales de la clase empresarial como meta, para que el país se encamine por senderos de prosperidad, paz y justicia social.
De ahí que, imbuidos de esas concepciones, cuando advertimos hace tiempo el peligroso rumbo hacia el que estaba derivando la economía, estimamos conveniente dirigir una comunicación al Presidente de la República, lo cual hicimos en fecha 6 de junio de 1989, en la que expresamos que: ‘El empresariado considera que la inflación ha alcanzado niveles intolerables para la población trabajadora, para los consumidores en general, y lo que es aún más grave, para el sano ejercicio productivo, por lo que este proceso de deterioro de la capacidad adquisitiva debe merecer la más alta prioridad en la agenda económica de la nación’.
Esa misma correspondencia señalaba que ‘la inflación, que es un aumento generalizado de precios, a la postre, provoca también el alza de la tasa de cambio, puesto que ésta no es más que otro precio de la economía: el de las divisas’.
Como causa primaria de la inflación citaba esa misiva el elevado incremento y nivel de los medios de pagos, del dinero nacional en circulación, consecuencia parcial de los altos déficits del sector público consolidado, estimado por algunos organismos internacionales en más de RD$2,000 millones para el año 1989, lo que final mente condujo a que la emisión de billetes por parte del Banco Central creciera en un 50% durante el pasado año.
Fue por esa razón que en nuestra comunicación del mes de junio, citada, sugerimos con espíritu de colaboración, que para evitar presiones adicionales sobre la tasa de cambio se adoptaran medidas de control de la expansión monetaria y de contención de los déficits del sector público consolidado y que, además, se tomaran disposiciones compensatorias en favor de las clases más necesitadas y se restableciera el flujo de recursos externos que pudiere estar disponible, infortunadamente esas sugerencias no fueron atendidas y como consecuencia de ello, en el mes de septiembre, el sistema de reintegro de divisas se derrumbó, originando un vacío que ha sido sustituido por la incertidumbre.
Profundamente preocupados por el empeoramiento visible de la economía, pero con firmes esperanzas de rectificación, el CNHE se dirigió de nuevo al Señor Presidente de la República, en fecha 1ro. de noviembre de 1989, en cuya ocasión le expresó que ‘la identificación que impera en el mercado cambiarlo está creando las condiciones para que se produzca un agudo desabastecimiento en el mercado de bienes; para que se generen despidos por la imposibilidad de las empresas de obtener sus materias primas; para que se retraigan las exportaciones y los ingresos de divisas por remesas y servicios, y para que se estimule la salida de capitales. Pero más grave aún, las disposiciones cambiarías recientes, están conduciendo a la ilegalidad, lo cual rechazamos, ya que un orden jurídico transparente es un elemento fundamental a toda sociedad organizada’.
En esta última comunicación, el CNHE enfatizaba que ‘la lucha contra la inflación tiene que basarse en la asunción de sacrificios temporales, tanto para el sector público como para el privado’.
Al empresariado nacional le inquietaba que, dentro de este contexto, continuaran iniciándose nuevas obras que podrían dificultar aún más la obtención de un gasto público que fue re compatible con un programa de estabilización de la economía.
Se configuró un panorama lleno de tensiones y de confusión, que mantuvo y mantiene en vilo a los integrantes de la clase empresarial, en razón de la ilegalidad forzosa a que están sometidos y de las drásticas y arbitrarias penalizaciones que les han sido impuestas, a lo cual se agrega la convergencia tanto de una crisis de carácter cambiario como otra de carácter financiero.
En ese contexto de claro deterioro, evidenciado por pérdidas de reservas internacionales brutas del Banco Central por alrededor de US$100 millones, aumento de los atrasos internacionales por más de US$300 millones; pérdida del crédito petrolero concedido por Venezuela por incapacidad para cubrir los compromisos contraídos, aumento de la emisión de pesos y de relativo estancamiento de la producción nacional, y por el surgimiento de una tasa de cambio crecientemente diferenciada en el mercado paralelo de divisas, el CNHF se acercó de nuevo a las más altas instancias de la República para solicitarle que actuara con sentido de urgencia para enfrentar la aguda crisis que afecta al país.
El Señor Presidente respondió a ese llamado sugiriendo la integración de una Comisión Mixta, con lo que estuvimos totalmente de acuerdo, que tuviese a su cargo, efectuar las recomendaciones pertinentes, la cual estuvo presidida por el Secretario de Estado de la Presidencia, por el lado del sector público, y por el Presidente del CNHE de parte del sector privado, e integrada, además, por varios miembros actores con tus ambos sectores con sus correspondientes equipos técnicos, luego de varias reuniones celebradas en diciembre, la Comisión Mixta pudo arribar a la elaboración de un Documento de Consenso, con la previa aprobación de ambas partes, que quedó sujeto a la ratificación del Presidente de la República.
Dicho Documento de Consenso plantea la adopción urgente de decisiones para cubrir tres áreas específicas: a) un programa de control de la inflación; b) el diseño de un sistema cambiario dotado de mayor fluidez y flexibilidad, y c) El uso más intenso de recursos externos. Para reducir o eliminar la inflación el documento aludido sugiere:
El Documento de Consenso propone:
En adición, el documento recomienda el uso más intensivo de los recursos externos, con objeto de incrementar la oferta de divisas y/o liberar recursos en divisas generados internamente. Como puede observarse, ese programa amplio y comprensivo, junto a la propuesta de reforma fiscal sometidos por el CNHE, que implican sacrificios fiscales para nuestro sector, forman un conjunto de ideas coherentes y consistentes, con las cuales devolver la confianza, el vigor y el entusiasmo a los agentes económicos, Infortunadamente, en diciembre, cuando parecía que la Comisión Mixta se acercaba a un rápido acuerdo, surgieron señales que indicaban claramente que las autoridades nacionales no estaban preparadas para la aplicación de los correctivos que requiere urgentemente la economía.
En ese momento intervino la mano moderadora, conciliadora y constructiva de la Jerarquía Eclesiástica, a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien con anterioridad a la fecha de integración de la Comisión Mixta aludida, había hecho contactos en Santo Domingo con un reputado economista internacional independiente, gracias a lo cual el gobierno aceptó recibir una misión de expertos internacionales, presidida por el reputado economista y profesor Dr. Arnold Harberger, con la encomienda de hacer un diagnóstico de la economía y ofrecer recomendaciones que dieran base a las decisiones que se esperaba el gobierno podría adoptar.
A pesar de las dudas existentes en áreas del empresariado sobre nuevos diagnósticos, pero movido por un extremado espíritu de conciliación y de moderación, el CNHE estuvo de acuerdo con la realización del nuevo estudio y quedó a la espera, en enero de los corrientes, de las recomendaciones de la misión presidida por el profesor Harberger.
EL CNHE no tuvo acceso a ese documento, ni las medidas recomendadas en él se han ejecutado. Las más altas autoridades de la nación anunciaron que otra misión, esta vez del Banco Mundial, vendría al país y que estudiaría las conclusiones de la Misión Harberger y que el gobierno a su vez estudiaría las sugerencias de la Misión del Banco Mundial para entonces evaluar el tipo de decisiones a ser adoptadas.
En tal virtud, ante la posición de posposición de decisiones asumida por las autoridades, y frente al desconcierto que embarga a gran parte de nuestra matricula afectada seriamente por el clima de incertidumbre e indefinición producto de la falta de acción de dichas autoridades, la Junta Directiva del CNHE se ve en la obligación de proceder a:
Los días 27 y 28 de marzo de 1990 se celebró la Convención nacional de Hombres de empresa en el Hotel Dominican Concorde en la ciudad de Santo Domingo, en la apertura de las sesiones de trabajo, bajo el título de “La cuestión económica, social y política”, fue pronunciado por el Presidente del Consejo, Ing. Luis Augusto Ginebra H., un discurso que decía así: Henchidos de gratitud os damos la más sentida bienvenida y os acogemos con el más fraternal y solidario espíritu a este acto con el cual abrimos esperanzados esta gran Convención Nacional de Hombres de Empresa.
Nos sentimos felizmente obligados a dedicar unas palabras de reconocimiento:
A los hombres y mujeres que a todo lo largo y lo ancho del territorio nacional hicieron posible los encuentros regionales de que se ha nutrido el cuerpo informativo y conceptual de este evento; a quienes han aportado desde ayer su presencia enriquecedora a esta magna Convención; a los colaboradores cuyo financiamiento ha viabilizado esta celebración y cuya demostrada fe ha sido columna en el soporte de todas las actividades constructivas del Consejo;
El Siglo, 15 de febrero de 1990.
Señores: Nos ha tocado vivir y desenvolver nuestras actividades en un agitado mundo en que los cambios sociales, políticos y económicos, se están produciendo con pasmosa rapidez y en formas y manifestaciones tan inesperadas como sorpresivas.
En los últimos tiempos, transformaciones tan audaces e indetenibles que las grandes revoluciones, como la francesa de 1789, la mexicana de 1910 y la rusa de 1917, que conmovieron la sociedad de su época, se puede afirmar que fueron más lentas y limitadas en la conquista de sus objetivos fundamentales, que los logros alcanzados en días recientes por la gestión civil en Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental, para sólo citar algunas de las naciones del Pacto de Varsovia que con el inerme poderío de la voluntad y del ansia de libertad individual de sus ciudadanos, rompieron las cadenas que una ideología, un ejército y un partido político extranjeros impusieron como vasallaje al concluir la grande y aniquiladora Segunda Guerra Mundial.
En el levantamiento de Europa del Este no ha sido la perestroika la levadura y fermento del cambio. Este es el reconocimiento recogido y compilado bajo la guía del Señor Gorbachov para canalizar las inquietudes de cientos de millones de hombres y mujeres que estaban clamando por vivir en las prerrogativas de la libertad individual, de los derechos civiles, de la identidad nacional, de la cultura autóctona insertada espontáneamente en la cultura universal.
Esta gente ha luchado para poner en la jerarquía que le corresponde y en las funciones y dimensiones restringidas que se compadezcan con sus deberes fundamentales a un Estado que arrebató al individuo su protagonismo en la sociedad para convertirse en rector e interventor desconsiderado y arbitrario de toda actividad humana. Ese renacer, reverdecer o florecer, como se quiera llamar, de la libertad en Europa Oriental, que está llevando el aparato del Estado a su auténtico papel de guardián del orden colectivo, administrador de los servicios públicos, árbitro social, y promotor del desarrollo y progreso nacionales, tiene consecuencias para América Latina, para nosotros mismos, que no podemos desconocer ni soslayar. En Europa se hadado una clarinada de alerta para que en todo el planeta se valoricen y jerarquicen dos cuestiones básicas:
Se espera que los Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea, que a nosotros particularmente nos benefician, los primeros con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y los segundos, con la admisión al Acuerdo de Lomé, habrán de volcar su atención a alimentar el fortalecimiento de una Europa que tradicionalmente ha sido por excelencia, el aliado más cercano, mientras que América Latina, África y Asia (exceptuando a Japón) hemos sido regiones de safari y excursiones, y cuando mejor, vecinos del traspatio, atendidos de acuerdo al grado de propensión al peligro que para sus intereses represente la situación de inestabilidad en un país o región determinada.
Esa ruptura, tan legítima como súbitamente desencadenada, no puede ni debe ser ignorada por los dirigentes responsables de ningún país en desarrollo. Para nosotros, los dominicanos específicamente, ese vuelco en los países que hasta ayer fueron vasallos del centralismo soviético, significan y requiere que al desvanecerse el socialismo como meta de incautos, soñadores, y traficantes de mentiras, retomemos con mayor seriedad y más denuedo que nunca el rol protagónico de la iniciativa privada y que luchemos inteligente, civilizada y tenazmente, para ir logrando que el aparato de gobierno se vaya dimensionando en la medida justa en que lo requieran sus funciones básicas e indeclinables, para que éste pueda ser un agente eficaz, y no un obstáculo, al desarrollo nacional, global y participativo.
Debemos desterrar para siempre los mitos y falacias alentados a contrapelo de la realidad por politólogos conocedores de la literatura de los textos de política, pero ignorantes e incapaces de interpretar correctamente el discurrir de los hechos que conforman una realidad concreta.
Supuestos dirigentes que no saben desenredar la madeja tejida por las urgentes demandas de los hambrientos, por el azuzamiento de quienes al no tener nada que perder pueden contentarse y solazarse en ofrecerlo todo, y por el vericueto laberíntico de las ideas, modelos o esquemas de unos políticos irreverentes que se hacen dioses de sus propios sueños generados por una demagogia rampante trastornadora del orden social por las falsedades que anidan y por la incapacidad para ofrecer soluciones a los problemas que afectan nuestro pueblo.
Como si eso no bastara, se agrega a ello la insensibilidad de muchos de nuestros empresarios, que se enajenan en pos del lucro desmedido, de la especulación más desconsiderada, de la burla al Estado en su función de recaudador fiscal, y en ocasiones, por qué no decirlo, quieren creer justificada y hasta santificada la pobreza, porque a los pobres amó nuestro Señor, y porque por su abundancia podría decirse que Dios los quiere más ya que hizo tantos de ellos. En esa línea de pensamiento, frente a los extravíos de a políticos y actores de la economía, hay que reconocer que tan nefastos son para el orden social, la paz y el desarrollo, los gobiernos populistas, como aquellos individuos que quieren tener en cada gobierno un cómplice que desde el Palacio Nacional, y desde sus sucursales en las Secretarías de Estado, representen y sustenten sus particulares intereses que resultarían indefendibles a la luz del bien común, y del juicio de las colectividades que claman por una sana y elemental justicia. El populismo, por su parte, ha estado a punto de hundir más de una vez las Repúblicas del Perú y de Argentina, y junto al amateurismo político y a las habituales improvisaciones de sus dirigentes ha mantenido a Nicaragua en un creciente e insostenible deterioro, que ha posibilitado el derrocamiento pacífico de un gobierno revolucionario en pie de guerra y provisto de las más modernas armas de combate.
Los populistas han sido presa de una “superstición de que corresponde a un grupo de burócratas iluminados la tarea de planificar el desarrollo, canalizar las inversiones, controlar las empresas estratégicas y los servicios claves, administrar los ahorros de los ciudadanos y corregir las supuestas distorsiones del mercado mediante un arbitrario sistema de aranceles y subsidios que sólo ha servido para enriquecer a las camarillas próximas al poder a costa de los esquilmados consumidores”.
Esa estrategia, teórica y pragmática, se ha hundido en el más rotundo fracaso y descrédito universales, y sólo quienes persisten en mantener cierta arritmia histórica insistirían en cultivar y sostener un pseudosistema que sólo ha generado desabastecimiento, inflación, artículos caros y mal confeccionados, así como, en su retórica tercermundista, anticapitalista, nacionalista y antinorteamericana, ha dejado un legado evanescente de contusión en las generaciones atrapadas en los rezagos del neocolonialismo aún prevaleciente en América Latina. Si el populismo es condenable por fantasioso, ineficaz y perjudicial al interés o bien común, asimismo es condenable la actitud ventajista, miope y desconsiderada de quienes pretenden burlarse impunemente de las reglas del juego de neocapitalismo, violando las leyes inexorables del mercado, de la libre competencia, de la gestión moderadora y arbitral del gobierno, para pretender poner este último al servicio de sus más exclusivas aspiraciones.
Si los empresarios no llegamos aceleradamente a entender que para hacer frente al reto del futuro hace taita una sociedad fuerte y de que para ésta se necesita de empresarios fuertes, y que esa fortaleza colectiva sólo se consigue por la vía de la unidad y la solidaridad, y que éstas a su vez se construyen en base a la equidad e igualdad de oportunidades para todos, entonces quizás valga la pena considerar la posibilidad de cerrar este local de República Dominicana, C. por A., y que como reza el dicho popular, “que apague la luz y cierre la puerta el último que salga”.
Con ese relativamente amplio marco de referencia, nos permitiremos ahora comentar las líneas generales de la concepción que tenemos los empresarios acerca de la economía, la política y la cuestión social en nuestro país, y cerramos con algunas breves conclusiones. Testimonios veraces, dramáticos, y hasta consternadores de la realidad económica, política y social dominicana, y los cuales trascienden el alcance de esta a exposición, han sido procesados en mayor detalle para integrarlos en motivaciones, resoluciones y documentos de trabajo que serán puestos a disposición de todos, y se entregarán a los medios de información pública para su libre difusión.
Nuestro sistema económico, considerado como un todo, ha estado condicionado, desde los días de la independencia nacional hasta la muerte de Trujillo, por la herencia colonial expresada en la dependencia y en el retraso económico con relación a los países del Atlántico del Norte. Hemos tenido la evolución de ciudades espléndidas, como Santo Domingo y Santiago, o La Romana, a la par de comunidades rurales miserables. Hemos tenido enclaves de tecnología de punta y de grandes bondades, junto a primitivos métodos de explotación agrícola.
Hemos tenido fasto y miseria dándose la mano y hambre y abundancia cara a cara. El tiranicidio abrió las puertas a la modernización, y a la vez nos permitió descubrir el legado de retraso en el desarrollo de las ideas, de las profesiones, de la industria y del comercio. También de la tiranía recibimos, como costosa herencia, el complejo de empresas estatales que han creado los mayores déficits financieros del sector público, y las más rentables oportunidades para el enriquecimiento sin causa y para acomodar irresponsablemente a parte de la clientela política de los partidos en el poder.
La prevalencia de la mentalidad colonial, desgraciadamente, puede explicar el por qué las oportunidades de modernización no se han aprovechado al máximo, y por qué, tanto el sector privado como el gobierno tienen que imponerse la dura tarea de revisarse, para hacerse más eficientes, más competitivos, más rentables, más aptos para crear mayor número de empleos, para insertarse en la economía internacional, y para poder paliar con posibilidades de éxito los resultados desalentadores y preocupantes de la ecuación: crecimiento demográfico versus crecimiento de la economía y deterioro del medio ambiente.
Esa necesaria revisión del Estado o Gobierno y del sector productivo privado: patronos y obreros se ha venido postergando de manera indolente por varias décadas, mientras se producía una positiva evolución política democrática y se dejaba sin metas definidas el desarrollo y la organización de nuestra economía.
Las metas políticas de estables y crecientes libertades públicas y de participación popular son tangibles. Sin embargo, las metas de nuestro desarrollo económico no sólo no se han definido con claridad, y consecuentemente no se alcanza lo desconocido, sino que lo logrado a la buena de Dios se encuentra seriamente amenazado por el proceso inflacionario, por el receso en la inversión privada local y extranjera, y por las crecientes dificultades en poner en práctica reglas de juego claras, expeditas, equitativas y observables por todos por igual.
Ahora se impone aunar esfuerzos, de una vez por todas, entre los gobiernos de turno y las fuerzas productivas generadoras de riqueza y de ingresos fiscales, representadas éstas últimas por el empresariado y los trabajadores, para superar el relativo estancamiento de nuestra economía y garantizar una participación justa de la población en los beneficios que se deriven de su crecimiento y desarrollo.
Para alcanzar la necesaria dinamización del sistema hay que dejar funcionar, con toda la libertad compatible con el bien común, a la iniciativa privada para que cada uno de sus proyectos no sea la reminiscencia de una carrera de obstáculos, interpuestos por la sospecha y desconfianza oficiales y por la torpeza o la malicia de burócratas, más preocupados por su participación en el pastel de las tramitaciones, que en facilitar la creación de un entorno en que se haga posible la creación y distribución de la riqueza y no la perpetuación, ahondamiento y expansión de la pobreza colectiva.
Hay que propiciar un proceso de apertura económica en todos los órdenes para integrarnos internamente y en la economía internacional, y hacer esto de manera paulatina y programada, pero persistentemente, perseverantemente, y con periódicas evaluaciones de los logros alcanzados.
No debemos seguir desconociendo nuestras ventajas comparativas, como son la ubicación geográfica, el clima, los recursos naturales y humanos, y el alto espíritu de riesgo e innovación de que son capaces nuestros más modernos empresarios. Para integrarnos con posibilidades de éxito a la economía internacional, sobre todo ahora que tenemos a Lomé en adición a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, se hace necesario que intentemos de manera renovada establecer el diálogo permanente con el sector laboral, para ver si es posible construir un patrón evolutivo mutuamente aceptable por las partes y que resulte menos frustratorio que los esfuerzos hasta ahora realizados.
El papel del Estado en todo este proceso de cambio y modernización, no puede ser el de invitado de piedra como en el diálogo tripartito, o el de gran ausente, como lo fue en el diálogo bipartito, moderado de manera respetable e inspiradora por la jerarquía de la Iglesia Católica.
Los empresarios tenemos que entender que no debemos tratar de poner el gobierno al servicio de nuestra clase. Pero no es menos cierto que el gobierno no debe, so pena de actuar en contra del pueblo y de sí mismo, actuar corno si su objetivo primordial fuera boicotear las iniciativas positivas, constructivas y productivas del sector privado, como si pretendiera hacer del empresariado un enemigo y no un aliado, o como si se quisiera asumir el rol de propietario de los medios de producción, teoría y praxis, que justamente han colapsado en los últimos meses en Europa Oriental y se ha venido revisando progresivamente en China.
Parecería que no se entiende que la gravedad y magnitud de los problemas económicos que enfrentamos no pueden ser resueltos por el gobierno solo, ni siquiera solo con nuestra colaboración y ayuda, sino que sumando de verdad, resuelta y oportunamente, intenciones, esfuerzos y riquezas, aun así necesitaríamos de recursos de capital y tecnología del exterior, si en verdad queremos desactivar la bomba de tiempo que supone el estancamiento económico, y dar respuesta a las demandas de una población que crece amenazadoramente por encima de la oferta global de los recursos locales.
La unidad y solidaridad del empresariado para hacer por si, y con el gobierno, todo lo que se pueda para aliviar tensiones presentes y futuras, y la unidad y solidaridad con todos los gobiernos legítimamente electos por el pueblo, no deberían postergarse so pena de que estemos dispuestos a enfrentar unas situaciones difícilmente manejables, dentro de un esquema de gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos y las libertades públicas esenciales.
Para hacer frente a la amenaza latente en todo proceso de estancamiento económico, el gobierno dominicano actual y el que surja de las urnas el 16 de mayo y los que le sigan, deben empezar de inmediato a tomar conciencia de que es preciso que se redefina y modernice el papel del Estado, y que se empiece a aplicar un conjunto de medidas de política económica y social que conformen un marco propicio para estimular las actividades del pequeño, mediano y gran productor, y que por esa vía se haga posible el desarrollo a plenitud de sus iniciativas, y competir eventualmente en los mercados internacionales.
Entre las cuestiones más urgentes a atender debemos citar de manera sucinta: • Fomentar el acatamiento, respeto y cumplimiento de las leyes tanto por parte de la sociedad como por el gobierno mismo y sus representantes. • El Estado debe inhibirse en su papel de empresario, como lo aconseja objetivamente la experiencia, y por el contrario debería proponerse estimular la inversión privada, la libre competencia, y cerrar el paso a monopolios y oligopolios de economía privada, mixta o estatal. • El nefasto, contraproducente y demagógico control de precios debe eliminarse, así como se debe derogar la Ley 13 de Economía Popular; cuya vigencia no se corresponde con un régimen de libre empresa y economía de mercado.
La no adopción de un sistema tributario acorde con los tiempos presentes, seguirá fomentando la evasión más grosera y agravará la estrechez de la base de los contribuyentes. Revisar y modificar esta situación es un imperativo mayor para contribuir al desarrollo, y como corolario tendría como contrapartida la renuncia del sector empresarial a todas las exoneraciones y privilegios fiscales que podrían sumar cerca de 2,700 millones de pesos anuales, siempre que en dicha reforma tributaria se contemple como cuestión integral e inseparable la reforma arancelaria.
En cuanto a la política en nuestro país, unos de los problemas fundamentales reside en que nuestro aprendizaje democrático sólo puede contabilizarse a partir de la segunda mitad de 1961, y que antes y después, el gobierno no ha cesado de tener la impronta de un fuerte personalismo, que se ha dado en llamar, “régimen presidencialista”.
La formación de la idea del líder político en nuestro país, acendrada por el ejemplo eficiente, y abominable si se quiere, de Trujillo, ha dado lugar a que el Presidente de la República sea una suerte de monarca republicano, rey sin corona, que parece más bien elegido del Señor, como los antiguos gobernantes absolutos, que por los votos representativos de la soberanía popular.
Eso ha dado lugar en diversos niveles de actuación a que se socave la representatividad de los funcionarios electivos, en que se hayan erosionado aspectos claves y fundamentales como son el rol del Congreso, del gobierno local (los ayuntamientos), en la vida política comunitaria, ya que los funcionarios no se sienten inclinados, y mucho menos obligados, a rendir cuenta de sus actuaciones a la ciudadanía que provee los ingresos para pagar sus sueldos y los votos para poner los gobiernos que les acogen en su seno.
El no compromiso de representatividad y responsabilidad frente a los electores, limita el potencial de la opinión pública y la capacidad de regateo del sector privado cuando tiene proyectos bien intencionados y mejor fundamentados, como es el caso de la tardanza en el conocimiento del proyecto de Estudio para la Reforma Tributaria, elaborado con el patrocinio del Consejo Nacional de Hombres de Empresa.
Para mejorar, en el corto plazo esta situación, el empresariado tiene que sopesar y definir meticulosamente cómo y con quién, y sobre qué bases, ofrecerá su apoyo a candidatos y partidos. No para que pretendamos comprar, o para que sustituyamos o socavemos el gobierno, sino para contribuir como diestros productores de riquezas a resolver solidariamente los problemas nacionales y triunfar junto al Estado, frente al reto del desarrollo o sucumbir dignamente en el intento, y estoy seguro que no será esto último.
Creemos llegada la hora de hacer real y efectiva la representatividad y exigirla por medios institucionales, pacíficos y respetuosos de los procedimientos consignados en la ley. Al mismo tiempo, consideramos llegada la hora para que el gobierno dominicano se aboque a cumplir con cuatro condiciones esenciales al perfeccionamiento del sistema político:
En todo ese proceso el diálogo entre el sector productivo y los políticos, debería ser el principal vehículo de persuasión, pues si los políticos, como hasta ahora, no se deciden por introducir cambios en la política, entonces tendremos que cambiar a los políticos, apoyando un nuevo liderazgo más sensible, menos cerrado, y más proclive a las transformaciones y a la participación.
La era de los políticos figureantes y discursantes, de las acciones y decisiones no explicadas y ventiladas públicamente, decisores de proyectos y obras cuyo impacto sectorial y global no se conocen, deben dar paso a una modalidad en que la racionalidad y la inteligencia ocupen el lugar de la pasión personalista y partidaria, lugar a unas relaciones constructivas y fluidas entre los ciudadanos y el Estado, de manera que se fortalezcan los cimientos de una democracia más estable y efectiva.
Si logramos eso, tendríamos adelantado el proceso de transformaciones tan necesitado como ansiado, por quienes interpretamos los signos de los tiempos y nos preocupamos por un presente intranquilizador y un futuro lleno de incertidumbres y de expectativas lamentablemente desalentadoras.
En el área social nuestra principal preocupación es la pobreza La pobreza en su triple dimensión económica, social y espiritual, es resultado y origen, origen y resultado, de nuestros grandes males y deficiencias como pueblo. Gran parte de nuestras calamidades y debilidades encuentran explicación en las privaciones de amplios sectores de nuestra población, que hoy más que nunca, son golpeados por un proceso inflacionario devastador.
El consumo y el tráfico de drogas el emergente gangsterismo –antes desconocido en nuestra sociedad– y el crimen de ribetes extranjerizantes, unidos a una prostitución que ya es rubro importante de nuestras exportaciones, los desajustes producto de una migración descontrolada, significan relativamente poco cuando se evalúa el entorno de una sociedad tradicionalmente empobrecida y estimulada por los efectos de mostración que nos llegan por los medios de comunicación social y por el incremento de los viajes e intercambios internacionales.
En la base de la expresión material del cuadro desolador de las carencias y patologías de nuestro pueblo, radica algo peor. Es la demostrada incapacidad, indiferencia o abulia, de los sectores de poder para ejercer el magisterio moral para dar ejemplos de conducta superior a la que por empatía sigue el hombre dejado a su albedrío.
Ni nosotros los empresarios, como un todo, ni los gobiernos nacionales y municipales de distintas épocas, hemos ofrecido al pueblo los paradigmas a seguir para construir sobre bases éticas una sociedad mejor.
Funcionarios públicos y hombres de negocios pretendemos pasarnos de listos y maliciosos, mientras predicamos una moralidad que solo se apoya en la oratoria y no en los hechos. Del apoyo simbólico y de oportunidad al mejoramiento de los pobres debemos pasar al campo de las situaciones concretas, multiplicando las oportunidades de empleo a través de la inversión, y contribuyendo directamente a mejorar la suerte de los grupos sociales en situación de privación económica, social y cultural.
El empresariado debe pasar a ser el enemigo público número uno contra la pobreza.
Habrá que limpiar las conciencias en un proceso de catarsis, que sea como un morir y nacer de nuevo, para tener una patria más limpia, formada por ciudadanos decorosos y honestos, y así hacer posible un futuro en que concuerden la prédica, con el ejercicio cotidiano de la vida en la familia, en los negocios, en la iglesia, en los partidos, en el gobierno, en todo y en todas partes.
Concluimos Queremos una sociedad mejor, más justa y más impregnada de espíritu cristiano, donde la pobreza sea arrinconada y reducida a su más mínima e inevitable expresión y que esto se haga por imperativo moral primero.
Por la paz y la supervivencia, segundo, y para quienes no entiendan los imperativos éticos y políticos de esos dos planteamientos, les recordaríamos un tercer aspecto: solo un mercado interno con suficiente capacidad de gasto y de consumo, puede permitir el auge y ampliación de los negocios que alientan la labor profesional de los empresarios.
En los pobres reside la reserva para expandir de inmediato nuestro mercado.
Combatir la pobreza equivale, sin cinismo alguno, a incrementar la demanda real sobre la cual se sustenta el desarrollo económico de los pueblos.
Aspiramos a que sea consolidado y ampliado el sistema democrático sobre bases de participación, de eficacia en la gestión de administrar la cosa pública, de capacidad para enfrentar la crisis, y de legitimación permanente por la vigencia de gobiernos electos por el pueblo, y ratificada su autoridad por su capacidad de servir a la sociedad dominicana como un todo.
Abogamos por tener sin demora, sin sospechas ni desconfianzas infundadas, un gobierno abierto al diálogo, a la tolerancia y a la comprensión, y que sin renunciar a su autoridad, tenga la flexibilidad para revisar y cambiarlo que deba ser cambiado en aras del bien común, y que tenga la vocación para modernizarse y viabilizar la inserción efectiva de la República en el futuro, sin ataduras a nuestro pasado colonial, del cual solo debemos reservarnos lo mejor para no perder nuestras raíces históricas y culturales.
Para conseguir esas metas, expresadas de manera simplificada, el empresario está dando muestras de que se atreve a hacer oír su voz, para denunciar iniquidades y reclamar equidad y trato justo, y quiere más, exige acción antes de que la parálisis y el solipsismo obstaculicen el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
Contamos en nuestra patria con los recursos humanos y naturales indispensables para fomentar el desarrollo.
Tenemos paz y orden social incuestionables, tenemos los marcos institucionales imperfectos, pero perfectibles, para promover el cambio, la eficacia y la modernización indispensables para romper el estancamiento económico y afianzar nuestra fe en el futuro con criterios realistas.
Sólo nos falta un poco más de diálogo sincero, de voluntad para trabajar unidos y solidariamente, entre nosotros, y nosotros con los gobiernos.
Todas las condiciones están dadas para romper la inercia y acelerar un cambio positivo, constructivo y deseado por todas las personas, sectores e instituciones que no se encuentran atadas al pasado.
Nuestra voz, nuestras inquietudes y pensamientos, que son los de la mayoría de los empresarios del país, estarán contenidas en los documentos y resoluciones que habrán de elaborarse en el curso de nuestros trabajos y discusiones, los cuales revelarán la más alta expresión de honestidad en el empeño y cumplimiento de los compromisos y deberes que se está proponiendo como metas el empresariado dominicano en su lucha por integrar una nación impulsada por corrientes sostenidas de prosperidad con grandes y variadas oportunidades para todos los hijos de esta Patria.
¡Ahora es el mañana! ¡Ahora es el futuro! En nosotros, en los trabajadores y en los políticos, y en su voluntad y espíritu de colaboración, está puesta la suerte de los dominicanos. ¡Que Dios nos ampare!140 Al final de la Convención, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa emitió el documento titulado “Actitud y Responsabilidad Social del empresariado” donde se hacía un especial énfasis en la necesidad de crear empleos productivos como una forma eficaz de erradicar la pobreza. El documento decía así:
La situación de pobreza en la que está hundida gran parte de la población es un hecho descorazonador que nos hiere y conmueve.
Nos hiere porque como hemos venido reiterando, es una situación que afecta desde hace largo tiempo a una gran parte de la población dominicana. Sobre una situación así, el flagelo de la inflación golpea de una manera despiadada a toda la sociedad, con mayor inclemencia sobre la clase pobre. No es necesario recurrir a las estadísticas para entender esta realidad, basta abrir los ojos o pensar en el costo actual de la vida. La inflación ha ido destruyendo la ilusión y la esperanza de bienestar de los grupos de medianos ingresos y los sectores más necesitados.
No obstante obtener numéricamente salarios más altos, la capacidad adquisitiva de estos grupos –que es lo que cuenta– ha ido disminuyendo y el horizonte en vez de presentarse halagüeño, se les torna cada vez más oscuro y amenazador.
No podemos ignorar esta situación de la pobreza. Cuando el ordenamiento económico de una nación produce sistemáticamente por un lado grandes riquezas concentra das en pocos y espera pobreza repartida entre muchos, implica una situación de injusticia un pueblo es rico no cuando hay riqueza y ricos sino cuando no hay pobreza, sobre todo extrema. La supresión de la pobreza debe ser un imperativo de toda sociedad moderna y tarea fundamental de sus gobernantes.
Consciente de esto, la supresión de la pobreza debe ser para los empresarios un objetivo ineludible, expresión de su humanismo y de su conciencia social, manifestación de su pasión y apego a la justicia: argumento irrebatible de su integridad y honestidad.
Reto de la pobreza Independientemente de la adopción de medidas concretas dirigidas a combatir la pobreza, creemos pertinente resaltar la actitud del sector privado dominicano frente a esta realidad, la cual se resume en los puntos siguientes:
Funciones básicas:
Sana y realista El empresariado suscribe esas palabras de Su Santidad y está decidido a reforzar e incrementar su colaboración con el Estado en la labor de conservación de la salud de nuestra patria física que no es otra cosa que lograr sellar con un abrazo al hombre dominicano con su naturaleza.
Subrayadas estas actitudes son muchas las iniciativas que el mundo empresarial puede y debe asumir ante la realidad social dominicana. Los tiempos mandan y la gravedad urge. La pobreza espesa y extensa es caldo de todos los males imaginables, acicate de toda clase de alborotos, incentivo de desórdenes continuados y atentado permanente a la paz, y sin paz no hay armonía ni desarrollo posible.
Entre las actividades que el sector empresarial debe asumir está la de enfrentar el proceso inflacionario, para evitar que empeore el alto costo de la vida. Esto implica luchar ante todo por una sana y realista política económica.
Para ello es necesario aumentar producción y productividad. Esto es un gran reto para el empresariado porque supone un aumento de la inversión, que es un antídoto contra la desconfianza.
Debemos también combatir el débil poder adquisitivo de los pobres con medidas directas y eficientes que lo refuercen. Si la salud es hoy un flanco que erosiona sus ingresos se impone la creación de sistemas que les permitan hacer frente a esta grave dificultad, sin dejar esta tarea sólo al Estado.
Si la vivienda es hoy antigua y frustración de nuestras clases pobres, el empresariado debe embarcarse en planes eficaces y ambiciosos que ayuden a solucionar este problema. Si la educación de sus hijos es hoy problema inquietante y perturbador, urge un compromiso con planes serios y bien estructurados para solucionar un problema que es básico en la nación.
La grandeza de un pueblo depende de la educación, instrucción y preparación de sus ciudadanos. De niños y jóvenes desatendidos, no puede surgir otra cosa que una sociedad sin orientación y objetivos, lo cual implicarla la pérdida de sentido de la esperanza de la nación.
Consciente de esta realidad social, el empresariado dominicano reafirma su vocación de trabajar por mejorar las condiciones generales de vida del pueblo dominicano, entendiendo este compromiso como una responsabilidad nacida de su apego a los principios democráticos y los valores cristianos que forman nuestro sistema de vida político.
*Meses más tarde de la celebración de su IV Convención, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa trazó planes para buscar su fortalecimiento institucional.