La V Convención Nacional de Hombres de Empresa fue anunciada el 12 de julio de 1995, por José Manuel Paliza, presidente del CNHE para esa época, para ello informó que la celebración se llevaría a cabo en noviembre de ese mismo año.
Esta sería la quinta edición en la historia de la institución. El señor Paliza indicó que la temática que formaría parte de dicha Convención estaría basada en los resultados de una encuesta que había hecho el Consejo a su membresía hace ya unos meses, en la cual se definieron las áreas prioritarias.
También se preparó un documento global del empresariado y las posiciones sectoriales que entendía el Consejo debían elaborarse, así como el curso de acción que se iba a presentar a las autoridades que resultaran electas el 16 de mayo de 1996.
Una vez escuchadas las diferentes opiniones se acordó integrar a la membresía a la organización de dicho evento y se sugirió constituir un Comité de Trabajo al cual propusieron su integración las siguientes asociaciones:
Asociación de embotelladores de Bebidas Gaseosas, Inc.; Cámara Americana de Comercio, Inc.; Junta Agroempresarial Dominicana; Asociación para el Desarrollo de Microempresas, Inc.; Cámara de Comercio y Producción del Distrito nacional; Cámara de Comercio y Producción de Santiago; Asociación de Industrias de la Región norte, Inc.; Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicana, Inc.; Asociación nacional de Mujeres ejecutivas y Profesionales, Inc.; CNHE y cualesquiera otras asociaciones interesadas en participar en los preparativos de tal encuentro.
Las posiciones que surgieran de la Convención serían entregadas a los candidatos potenciales de los partidos políticos. Seguiría a dicha Convención un gran encuentro que llevará a cabo la sociedad civil, el cual sería organizado y promovido por un grupo de importantes universidades de la nación.
DISCURSO INAUGURAL A CARGO DE GEORGE ARZENO BRUGAL (EX-PRESIDENTE DEL CNHE)
Distinguidos Miembros de la Mesa Directiva, Señoras y Señores, Amigos Todos: Se me ha pedido que les presente el borrador del documento que engloba la “Agenda Empresarial para el desarrollo Integrado”, el cual ustedes recibieron al momento de formalizar su inscripción esta mañana.
Como podrán verificar, este documento es bastante denso y agrupa la mayor parte de los puntos de vista del empresariado nacional respecto de tres áreas de trabajo: la relativa a la reforma y modernización de las instituciones del Estado; la atinente a la impostergable reforma social; y lo que han sido nuestros planteamientos recurrentes a través de los lineamientos de la política económica imprescindibles para que alcancemos el desarrollo económico de nuestra nación en un plano de equidad.
Este documento, elaborado desde una perspectiva técnica y pragmática, debe ser objeto del debate amplio y participativo de todos ustedes, Sin embargo, como la mecánica de trabajo que se ha definido enfatiza en el conocimiento de acciones concretas mediante resoluciones de esta Convención, creo que lo más productivo desde mi óptica, es dar algunas pinceladas sobre el telón de fondo que subyace en tan importante documento.
Hace más de cinco años que el empresariado nacional ha venido insistiendo en que es preciso impulsar, a todos los niveles de nuestra sociedad, un proceso de transformación institucional que no sólo aborde los tradicionales temas económicos que nos conciernen a todos, sino que es el momento para que el empresariado asuma su responsabilidad social en el marco de un Estado que facilite y propicie instituciones modernas que capaciten a toda la nación, para que con eficacia, demos la batalla en ese nuevo escenario de guerra que es el mercado global.
Las nuevas formas de articulación entre la sociedad civil y un Estado redimensionado y redefinido en sus roles, nos enfrentan a nuevas responsabilidades y a retos y oportunidades antes no soñadas.
No nos basta contar con las leyes que estimulen las actividades productivas, obviamente necesarias; precisamos igualmente de una administración pública eficaz, profesional, bien remunerada, consciente de su importante rol ante los retos de la globalización y de la competitividad internacional.
Es importante reordenar la administración pública, fortalecer nuestro Estado de Derecho, velar para la ley se cumpla en igualdad de condición para todos, y que haya garantía de poderes públicos que sean efectivamente independientes y actúen como contrapeso unos de otros. El proceso de torna de decisiones debe darse en un morco descentralizado con objetivos y metas claras, con eficacia en su instrumentación pública y con su consecuente rendimiento y evaluación de resultados.
El Estado moderno implica que cada quien en la cadena de la toma de decisiones sepa que hacer, cómo y porqué hacerlo, y cuándo hacerlo, y finalmente, evaluemos sus resultados.
De ahí que el cumplimiento efectivo de la Ley y la carrera del servicio civil sea una condición sine qua non para disponer de una administración pública de cata a los enormes desafíos que se avecinan y a los cuales tendremos ineludiblemente que hacer frente con eficacia y oportunidad.
El Poder Municipal y la descentralización territorial es un tema que no resiste mayores postergaciones, pues nuestras comunidades ameritan asumir, en una democracia participativa y abierta, sus responsabilidades, y las políticas fiscales y financieras deben de estar al servicio de las necesidades sentidas de todas las poblaciones del país. La complejidad del crecimiento económico y social de nuestros tiempos, la expansión de la economía espacial en sus vertientes urbanas y rurales, exigen la adopción y creación de mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
De ahí que se plantee, como una impostergable acción del Gobierno, la creación del Consejo Económico y Social, para que en el marco del Sistema Nacional de planificación existente, se integren los diferentes Poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Municipal, que juntos a los demás sectores organizados de la sociedad civil, discuta y concerte las políticas de desarrollo, y proponga a los Poderes Públicos las líneas de acción en todo lo relativo al desarrollo económico y social.
De la misma forma, para evitar excesos en las decisiones de la administración pública, convendría introducir la figura jurídica de un “fiscal” que apere como “Defensor del Pueblo” tal como existe en otras legislaciones de países latinoamericanos.
Esto nos ahorrada la dispersión de tiempo y robustecería el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Si hemos de encaminarnos, como irreversiblemente parece hacia una sociedad más abierta y participativa, de oportunidades para todos, es preciso que la calidad del gasto público se oriente hacia lo que son las grandes responsabilidades sociales de un Estado moderno; la educación, la salud, la seguridad social y un adecuado y programado desarrollo de nuestra infraestructura social y económica.
El nuevo entorno mundial exige recursos humanos altamente calificados y competitivos. El desarrollo empresarial también necesita de recursos humanos entrenados y con niveles de educación y de salud apropiados. En consecuencia, la inserción internacional competitiva está fundamentada en el conocimiento, por lo que es menester asignar mayor prioridad a la educación inicial y primaria, de donde consideramos atendible elevar progresivamente la financiación de la educación hasta alcanzar el 25% del presupuesto de la nación para que se apoye, sobre todo, el nivel sobre todo el nivel básico. Los servicios de salud y seguridad social deben ser atendidos con muchos mayores recursos del presupuesto nacional, y la cobertura de nuestras clases trabajadoras y sus familiares deben ser incorporados en función de un sistema eficaz que progresivamente vaya dando respuesta a tan importante tema.
En esta área se impone llegar a un consenso entre los actores sociales, de manera que se garanticen los servicios de salud no sólo a niveles curativos sino, más aún, preventivos, y se pueda asegurar a la clase trabajadora y a los dominicanos en general, un sistema de pensiones que atienda nuestras necesidades en la 2 etapa biológicamente no productiva.
La infraestructura privada en materia de salud debe ser tomada muy en consideración, ya que no solo cuenta con los equipos técnicos apropiados, sino que también da cobertura a alrededor del 20% de la población económicamente activa, aunque es obvio que la misma tiene que ser apropiadamente articulada a nuestro sistema nacional de salud.
Si hemos de instalar un modelo de industrialización exportadora eficaz y competitivo, se requiere de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de servicios apropiada a tales propósitos. Por eso, la rehabilitación de nuestros puertos y la adecuación de los medios de comercialización internacionales es imprescindible para que podarnos sustentar el crecimiento de una economía que se mueva al impulso de las exportaciones de bienes y servicios.
Es evidente que todos los planteamientos que hemos formulado anteriormente suponen políticas macroeconómicas consistentes con la estabilización monetaria y fiscal, y asumen que el proceso de reformas estructurales pendientes de conclusión, finalmente se concrete.
Consideramos que es impostergable concluir ese proceso, sobre todo en lo atinente a las leyes de energía, inversión extranjera, código monetario y financiero, la ley orgánica de educación y todas aquellas otras reformas que en el plano legislativo o administrativo, se encuentren en proceso de estudio o detenidas por otro género de consideraciones. En resumen, el desarrollo y fortalecimiento institucional, la conclusión de las reformas sociales y económicas, y la adecuación de las políticas promocionales y del servicio exterior, son parte de una misma cadena sin las cuales la nave de la nación no arribará con energía al puerto del desarrollo nacional.
Solo me queda exhortarles a participar activamente durante el resto de esta importante jornada de trabajo y de concertación, para que analicen nuestra agenda y se concentren, prioritariamente, en las acciones que es preciso emprender para que nuestra nación pueda alcanzar su desarrollo integral en un marco de equidad, y para que todos los dominicanos entremos en el tercer milenio en condiciones de bienestar y prosperidad, en consonancia con los fundamentales derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la Naciones Unidas, en San Francisco, California, aquello de diciembre de 1948, en cuyo primer considerando se afirmó lo siguiente:
“Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.